21 jul. 2014

El Estado mexicano responsable de la Masacre en Viejo Velasco



El Estado mexicano responsable de la Masacre en Viejo Velasco


Participación Testimonial de Cut García, integrante del Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI- X´inich, durante la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos: Con Justicia y Paz encontramos la verdad, 18 de julio de 2014, El Limonar Ocosingo, Chiapas

Después del levantamiento armado del EZLN en 1994, el gobierno mexicano implementó inmediatamente una política de contrainsurgencia de manera deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno. El gobierno mexicano, para poder exterminar al EZLN, utilizó las mismas estrategias de guerra, utilizadas en centro-américa en los años 80s para combatir a la guerrilla, es decir quitar su fuerza o base de apoyo, dicho de otra manera, “envenenando el agua al pez”. Al gobierno mexicano no le convenía masacrar con el ejército directamente al EZLN, ésta, sola se acaba



El Estado es responsable por acción ya que, con fecha 2 de abril de 2007 en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),[1] el Estado relató que el 13 de noviembre de 2006 hubo un operativo policiaco en la comunidad de Viejo Velasco:


“El 13 de noviembre del 2006, se llevó a cabo un operativo en el Ejido Viejo Velasco, en el que participaron 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mando, así como 300 elementos de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.”[2]


De acuerdo con la lógica en que el Estado Mexicano narra los hechos en su informe, todo parece indicar que dicho Operativo fue producto de la Averiguación Previa ZS96/012/2006 por privación ilegal de la libertad,[3] e iba encaminado a la liberación de algunas personas retenidas. Es decir, se trataba de una acción planeada por las autoridades.


Los responsables materiales: Un grupo de sub-comuneros de Nueva Palestina, de la OPDDIC, grupo paramilitar.
Los responsables intelectuales: Los 3 negociadores de la mesa El Limonar,

  • Gabriel Montoya Oceguera, Delegado Regional de Benemérito de las Américas,
  • Rafael Arellanes, Operador Político del gobierno del Estado. Arturo Márquez, Delegado Agrario del Estado de Chiapas.
  • Martha Cecilia Díaz Gordillo, Representante Especial de la Reforma Agraria Federal y del Grupo Operativo para la atención de la Reserva de Biósfera Montes Azules y la Zona Lacandona.
  • Pablo Salazar Mendiguchía, Exgobernador del Estado de Chiapas.
Vicente Fox Quezada; Expresidente de la República Mexicana.






Publicado el 21 de julio 2014 en Desinformémonos







Ver: La masacre de Viejo Velasco, una producción del Comité de Defensa de La Libertad Indígena CDLI-X´inich dedicado a las víctimas: cuatro personas ejecutadas, cuatro desaparecidas y 37 desaparecidas forzadamente. Con imágenes testimoniales de la agresión a la comunidad y entrevistas directas a las y los sobrevivientes y testigos directos de la agresión. Explica el origen del conflicto y la responsabilidad del Estado Mexicano por la Masacre. Presentado durante la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, con Justicia y Paz encontramos la verdad, 18 de julio 2018, en El Limonar, Ocosingo. Chiapas.








[1] Con fecha 22 de noviembre de 2006, este Centro de Derechos Humanos solicitó a la CIDH la adopción de Medidas Cautelares a favor de las 4 personas desaparecidas. Dicha Comisión solicitó al Estado Mexicano proporcionara información sobre los hechos que se estaban denunciando, por lo que con fecha 2 de abril de 2007, contestó.

[2] Informe rendido por el Estado Mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 02 de abril de 2007 (Se anexa copia).
[3] Detención cometida en contra de personas provenientes de Nueva Palestina que se encontraban viviendo en Viejo Velasco.

Visita http://tppmx-guerrasucia.blogspot.mx/2014/07/preaudiencia-con-justicia-y-paz.html

20 jul. 2014

Crónica "Con Justicia y Paz encontramos la Verdad"

Tribunal Popular juzga al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas en Chiapas



Fotos: Ritual maya (David Bijl / Frayba)

18 de julio 2014.- Con un ritual maya, y oraciones en tseltal y chol, inició la Preaudiencia del Tribunal Permanente de Los Pueblos, eje Guerra Sucia: Con Justicia y Paz encontramos la verdad, a las 7 de la mañana en la comunidad El Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas. Reunión dedicada a documentar la Masacre de Viejo Velasco y la guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en las zonas norte y altos de Chiapas, a partir del levantamiento armado de 1994.

La Preaudiencia: Con Justicia y Paz encontramos la verdad tiene como objetivo “fortalecer y contribuir a la memoria del pueblo mexicano; al rescate de la verdad de los hechos, a señalar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, contribuir a la lucha por la justicia para terminar con la impunidad, único modo de garantizar la no repetición de los hechos”

 
 Fotos: Apertura (David Bijl / Frayba)

Como acto formal de apertura, a las 8 de la mañana, Eréndira Sandoval, integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos, presentó a los jueces nacionales que escucharon los testimonios de violaciones a derechos humanos: Alejandro Cerezo Contreras, del Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos ACUDEH. A.C; Alejandro de Jesús Martínez Martínez, de la organización estudiantil El Tribuno Popular; Carlos Núñez Ruíz y Juan Méndez Gutiérrez arregladores tzeltales de la Selva Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC, de Chilón, Chiapas; Joel Heredia de Salud y Desarrollo Comunitario A.C, SADEC; y Rubén R García Clark profesor investigador adscrito al Posgrado de Derechos Humanos de la UACM. La maestra de ceremonias agradeció la asistencia de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y de medios libres; a los sobrevivientes, víctimas, familiares, amigos y personas solidarias de las víctimas; y a la comunidad de El Limonar por recibir.

La Preaudiencia: Con Justicia y Paz encontramos la verdad fue convocada por: 46 organizaciones populares, estudiantiles, sociales, de derechos humanos, nacionales e internacionales; y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Conformada por 73 grupos de 21 estados de la República Mexicana), La Red de Radios Comunitarias, A.C., AMARC que agrupa 35 proyectos radiofónicos asociados; y la Campaña contra la Desaparición Forzada en México (Actualmente conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales), la Red Paz Chiapas (Integrada por diez organizaciones que trabajan resolución no violenta de conflictos) y 51 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas de México, Argentina, Estado Español, Costa Rica, Canadá, Alemania, Italia y Nueva Zelanda.



Durante la mañana y tarde de este día, se escucharon testimonios de desplazamiento, desaparición forzada, ejecuciones y masacres sufridas por los pueblos indígenas zoque, chol, tseltal, tsotsil de la zona norte y altos de Chiapas quienes se han reunido para construir otra justicia, desde la memoria colectiva como pueblos.
Galeria 
Relacionados:
http://tppmx-guerrasucia.blogspot.mx/2014/07/el-estado-mexicano-responsable-de-la.html

19 jul. 2014

Dictamen Preaudiencia "Con Justicia y Paz encontramos la Verdad"



Limonar, Ocosingo, Chiapas 18 de julio de 2014

Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México
Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia.
BOLETÍN DE PRENSA
"Con Justicia y Paz encontramos la Verdad"
(Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94’.
Caso Masacre de Viejo Velasco)
Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol)
Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal)
Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil)
Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque)

DICTAMEN REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL
Introducción
El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a través de siete ejes o audiencias temáticas fue instaurado el 21 de octubre de 2011, culminando en noviembre de 2014 donde denunciará y visibilizará, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.

La Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol), Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal), Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil), Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque); fue convocada por alrededor de 46 organizaciones populares, estudiantiles, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales; La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todos y Todas" conformada por 72 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana, La Red de Radios Comunitarias, A.C. AMARC (agrupa a 35 proyectos radiofónicos), La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (actualmente conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales), Red Paz Chiapas (integrada por 10 organizaciones) y 51 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas de México, Argentina, Edo Español, Costa Rica, Canadá, Alemania, Italia y Nueva Zelanda.


Reunidos en la comunidad Limonar, Ocosingo, Chiapas el 18 de julio de 2014, nos encontramos jurados, testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de zona Norte en Chiapas: Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande, Chuctiejá, del municipio de Tila; y comunidades de Chenalhó integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), todas víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

Los jueces nacionales que participaron en la Preaudiencia fueron: Alejandro Cerezo Contreras, integrante de Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH. A.C, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, Organización estudiantil El Tribuno Popular, Carlos Nuñez Ruiz, Arreglador Tseltal Selva Norte Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas, Juan Méndez Gutiérrez, Arreglador Tseltal Selva Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas, Joel Heredia, Salud y Desarrollo Comunitario A.C. SADEC. y Rubén R. García Clack, profesor investigador adscrito al Posgrado de Derechos Humanos de la UACM.

DICTAMEN

Efectuado el examen de los documentos y las declaraciones de los testigos y víctimas en el curso del actual proceso, y de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 de la Declaración de Argel, este Tribunal considera haber conocido suficientes elementos, sin agotarlos, para presumir probados los siguientes hechos y dicta la presente sentencia.

Los tres casos examinados se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas, las cuales se desarrollaron en el contexto de contrainsurgencia implantado por el Plan de Campaña Chiapas 94' de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo corroboran los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de América. La implementación de dicho Plan, que contemplaba la organización de grupos paramilitares, produjo múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a las etnias chol, tzeltal, tsotsil y zoque, y que formaban parte de las organizaciones “Las Abejas”, Xinich y Bases de Apoyo Zapatista (BAEZ) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a continuación se presentan.

En los casos Viejo Velasco, Zona Norte y Acteal se acredita la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso Viejo Velasco por la ejecución extrajudicial de 4 indígenas, en Acteal de 45 indígenas tsotsiles y en la Zona Norte.

Además con fundamento en el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chiapas y en el artículo 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estado Mexicano es presuntamente responsable de la violación del derecho a la integridad personal, a través de la comisión de distintos crímenes en el estado de Chiapas. En el caso Viejo Velasco las investigaciones denotan la existencia de mínimo 50 casos, en uno de los cuales a través de la detención arbitraria del señor Diego Arcos Méneses, por parte de policías de Palenque, se practicaron tratos crueles durante la estancia de la víctima en la Fiscalía del Ministerio Público. En los hechos ocurridos en Zona Norte, las investigaciones arrojaron la presencia de por lo menos 122 casos, mientras en Acteal los registros muestran la cantidad mínima de 71 casos de violaciones a éste derecho.

Los hechos probados acreditan la existencia de desaparición forzada, considerada por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, como una violación grave de derechos, en perjuicio de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, y de Minerva Guadalupe Pérez Torres.

Considerando la documentación presentada en esta Preaudiencia y de conformidad a los artículos 13, 14 y 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el artículo 4 del mismo ordenamiento, así como los artículos 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1, este Tribunal resuelve que se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en los casos Zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de los grupos paramilitares denominados: “Paz y Justicia”, Municipio de Chenalhó, algunos pobladores de la comunidad Nueva Palestina, Municipio de Ocosingo y otros paramilitares ubicados en la Zona Norte del Estado; organizados por autoridades municipales, estatales y federales. Dichas violaciones consisten en el desplazamiento forzado de los habitantes de los poblados de El Limar, Jolnixtié, Masojá Suchjá, Masojá Grande, Miguel Alemán, Chuctiejá y la comunidad Viejo Velasco. Cabe resaltar que la señala lo siguiente: “la estrecha relación que mantienen los pueblos indígenas con su tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a los generaciones futuras.”

Conclusiones.

Con relación a lo anterior, este Tribunal cuenta con evidencias suficientes, sin agotar todas ellas, para presumir la comisión de diferentes Crímenes de Lesa Humanidad, ya que los hechos materiales consistieron en masacres, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura sexual con la finalidad de aterrorizar a la población y destruir los fundamentos de la cohesión social entre sus miembros, así como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que podían acarrear su destrucción física, total o parcial (…)”.
El Estado mexicano identificó a ciertas poblaciones que constituían o podían constituir una base social de apoyo para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con base en ello definió un “enemigo interno”, objetivo de la estrategia de contrainsurgencia que incluyó a de miles civiles tzotziles, tzeltales, choles y zoques, pertenecientes a las organizaciones sociales “Las Abejas”, “Xinich”, simpatizantes y Bases de Apoyo del EZLN.
El hecho de que los actos de violencia de Estado no se dirigieron únicamente contra combatientes, sino también contra la población civil no combatiente, incluyendo niños y niñas, pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a determinados grupos étnicos y organizaciones sociales, y demuestra que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos, constituyendo Crímenes de Lesa Humanidad.

Puntos resolutivos.
Por tanto, este jurado declara:
  1. El Estado mexicano violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los casos Viejo Velasco, Zona Norte y Acteal.
  2. El Estado mexicano violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los tres casos en comento.
  3. El Estado violó el derecho a no sufrir desaparición forzada establecido en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
  4. El Estado violó los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y dispone:

El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables y beneficiarios de los Crímenes.

Esta sentencia constituye en sí misma una forma de reparación, en los términos de la determinación de la verdad histórica y la contribución a la construcción de la memoria que conduzcan al cumplimiento de la justicia. No obstante, el Estado mexicano está obligado a la reparación integral de los daños causados por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos.

Reconocemos su lucha, su firmeza, su dignidad, su constancia por preservar la memoria, la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación integral. También su valor que tienen ante las amenazas que puedan surgir después de realizarse las preaudiencias. Son hombres y mujeres dignas… sigan organizándose, aprendiendo de sus luchas y de otras para luchar mejor cada día que pasa.

Por último, este tribunal observa con preocupación los hechos ocurridos en la comunidad de la Realidad, sede del Caracol I el pasado 2 de mayo, donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solis López, (Votan Galeano), significando la continuidad de la política contrainsurgente en Chiapas.

ATENTAMENTE
Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, Carlos Nuñez Ruiz, Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clack.

16 jul. 2014

Palabras del juez nacional del TPP, Alejandro Cerezo Contreras

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 16 de julio de 2014

Palabras del juez nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, Alejandro Cerezo Contreras, respecto a la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, referente a las violaciones de derechos humanos cometidas con motivo de la estrategia contrainsurgente implementada por el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la comunidad de El Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas.

Hola, buenos días, gracias por venir a esta conferencia de prensa.

Es una gran responsabilidad estar aquí, un agradecimiento por invitarme como juez a esta preaudiencia del eje de guerra sucia.

Lo primero que hay que rescatar es la palabra, lo que sucedió, lo que vivieron las personas en las masacres diversas que ha habido en Chiapas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la prisión política muchas veces cometidas por el Estado mexicano, presuntamente, y también esta forma indirecta que tiene el Estado de cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas que es el paramilitarismo, el cual es difícil de probar, aunque en los expedientes que he podido leer hay muchos elementos donde podría considerarse la responsabilidad directa del Estado en la organización de civiles para ejecutar desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales en Chiapas.

La memoria es escuchar su palabra, ir a la comunidad de El Limonar, ver la memoria que tienen de los hechos que sucedieron, ver como ellos buscan la justica que el Estado no ha querido brindar, que al contrario pareciera que quiere proteger y cobijar a los responsables, escuchar su verdad de los hechos y ver también este gran esfuerzo que realizan las comunidades a pesar de los años por develar, esclarecer los mecanismos de la impunidad que ha establecido el Estado mexicano.

La reparación integral. Llegar a la reparación no sólo significa la recuperación económica, si no significa desmotar aquellas estructuras que hicieron posible el paramilitarismo, las agresiones que han sufrido las comunidades y que siguen sufriendo hoy en día, significa resignificar y difundir la verdad de los hechos sucedidos en Acteal, Viejo Velasco y en diferentes comunidades donde el Estado mexicano ha realizado actos violatorios de los derechos humanos.

Como jueces nos corresponde realizar un predictamen que será entregado a los jueces internacionales que vendrán de otros países a la audiencia final del Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014 en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, y a la audiencia final de todo el Tribunal Permanente de los Pueblos para que ellos den un veredicto y el Estado incluso pueda defenderse de ese veredicto y los jueces internacionales condenen o absuelvan, según sea el caso.

El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene también como mandato no sólo juzgar al Estado como lo haría la Corte Interamericana, si no puede juzgar toda la cadena de mando desde al cabo que ejecuto la orden hasta quien la dio: el general, el presidente, el funcionario que corresponda de acuerdo al año. También saber qué es de hoy de esos perpetradores, cuáles son los mecanismo de impunidad, donde están hoy aquellas personas que presuntamente desaparecieron forzadamente, ejecutaron extrajudicialmente o hicieron mal uso de la justicia para meter a las personas como presos de conciencia o presos políticos en diferentes penales.

Agradecer nuevamente que hayan venido hoy e invitarlos también a la preaudiencia del 18 de julio en El Limonar, Chiapas, ya que habrá una conferencia de prensa donde el conjunto de jueces nacionales darán lectura al predictamen que se establezca después del análisis de los casos de las masacres que nos presentan en el Estado de Chiapas, gracias.

Ante la falta de justicia del Estado familiares de víctimas de la masacre de Viejo Velasco exigen verdad



A 16 de julio de 2014.

Buenos días a todas y todos los presentes, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa.

Mi nombre es Diego Moreno Vázquez. Soy indígena chol, miembro de la Organización Xinich al igual que todos mis compañeros víctimas del presente caso. Soy promotor de salud. Vengo en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.

Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial, estos policías iban armados con armas de alto poder algunas conocidas como "cuerno de chivo" y R-15; a su ves todos iban acompañados de otras autoridades.

Todos éstos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares, para posteriormente entrar a las casas y robar las pertenencias de nuestros familiares que vivían en la comunidad Viejo Velasco.

El resultado de este hecho violento fue: de 4 compañeros indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, este último del grupo agresor), 4 más resultaron desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López). Además se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila.

Ante la falta de justicia del Estado, nosotros los familiares nos dimos a la tarea de buscar a nuestros familiares desparecidos y el 6 de julio del 2007 juntó con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrimos la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco donde encontramos 2 osamentas, las cuales resultaron ser de Miguel Moreno Montejo quien era mi padre y de Pedro Núñez Pérez.  El gobierno nos decía que nuestros familiares habían agarrado sus mochilas y que se habían ido al norte de nuestro país. Fue hasta noviembre de 2011 que nos entregaron los restos y le dimos cristiana sepultura.

Hasta el día de hoy continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familias. Así también 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tienen nada que ver, al contrario ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Estos 4 compañeros corren el mismo riesgo que nuestro compañero Diego Arcos Meneses, quien fue acusado falsamente por los hechos, permaneciendo casi un año en la cárcel acusado de la muerte de nuestros familiares, siendo que es un promotor de salud, como yo, que lo único que él hizo fue brindar apoyo a nuestros familiares.

La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada. A pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades, el gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, con la puesta en marcha de su Plan de Campaña Chiapas 94’, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas.

A casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a las autores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido, así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad.

Es por eso que hoy, les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el día 18 de julio del 2014, a partir de las 6 de la mañana en la comunidad Limonar municipio de Ocosingo, Chiapas; para la celebración de la preaudiencia del caso ante los Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde testificáremos los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Así también contaremos con la presencia de familiares de los casos de Acteal y Zona Norte de Chiapas.

Nuestras voces serán de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Nuestra participación en la preaudiencia fortalecerá nuestros corazones para continuar con nuestra lucha de memoria y esperanza.

Muchas gracias a todas y todos.