PRESENTACIÓN
DEL CASO: MASACRE DE ACTEAL, CHIAPAS PARA LA AUDIENCIA INTRODUCTORIA DEL
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS.
CAPÍTULO MÉXICO
Contexto:
La masacre de Acteal se inscribió en un contexto de
guerra irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por
el General de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces
presidente Zedillo en febrero de 1995, y ejecutada por el General de División Mario
Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en el plan
de campaña del Ejército en Chiapas.
La violencia en Chenalhó ha sido documentada por el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de 1994 hasta 1997,
registrando un saldo de las acciones paramilitares en Chenalhó, de: 6.332
personas desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas;
62 muertos de manera violenta y 42 heridos. Generado todo esto, un clima de
hostigamientos y amenazas contra comunidad por parte del grupo "Paz y
Justicia", identificado con el PRI y promovido por la presidencia
municipal de San Pedro Chenalhó, actuando con armamento de uso exclusivo del
Ejército, uniformes y con el amparo de las fuerzas policíles municipales y militares.
De manera similar en la Zona Norte del estado, en la
región ch’ol, entre 1995 y el año 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia
asoló a la población con el apoyo del ejército y la seguridad pública, los
resultados miles de desplazados y decenas de desaparecidos y ejecutados. Los
acontecimientos en estas dos zonas son claras consecuencias de la
implementación de una política deliberada de Estado encaminada a cometer
ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil y con
conocimiento de dichos ataques, consistentes en Asesinatos, Traslado forzoso de
población (en la zona altos y norte se desplazaron aproximadamente 10,000
personas de un total de 12, 000 en el estado de Chiapas), Privación grave de la
libertad física, Tortura, Persecución de una colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos (opositores al PRI), étnicos (todas las víctimas
son indígenas), y religiosos (miembros activos de la Diócesis de San Cristóbal
de Las Casas), además de Desaparición forzada de personas, por medio de la
creación, financiación, adiestramiento y encubrimiento de grupos paramilitares.
Hechos:
El 22 de diciembre de 1997, en la población de
Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados 49 indígenas
tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y
oración por la paz: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más aún no
nacidos, que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados y a los que se
suman 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas
expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano; sin que los Policías de
Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, y el Ejército ubicado a menos
de 1 Km., intervinieran en su auxilio pese a que el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, había notificado a la Secretaría de Gobierno del
Estado de Chiapas, sobre el ataque que hasta ese momento, se había prolongó por
más de 7 horas.
A lo anterior, se suma la
falta voluntad sistema judicial, para impartir justicia, demostrada en la
actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al liberar en agosto de 2009 a 29
de los 87 indígenas identificados y señalados por las víctimas sobrevivientes
como los autores materiales de la masacre; autores materiales de la masacre; 15
más el 14 de octubre de 2010, uno más el 23 de marzo de 2011 y en febrero del año en curso (1° de febrero de 2012) a otros
7.
Dando un total de 52 de los 87 autores
materiales de la masacre puestos en libertad.A
los que se suman la absolución de 6 en 1997, y la excarcelación de otros 2 por
cuestiones de humanidad, dejando de manifiesto la ausencia de procuración de
justicia para la masacre de Acteal.
Responsabilidad
del Estado mexicano:
Estas acciones caracterizan delitos reconocidos como
de Lesa Humanidad, en términos del Estatuto de Nüremberg y que implican una
negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Cartas de
la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas.
Por lo anterior, el Estado mexicano ha
violado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal,
a la honra y dignidad, los derechos de la niñez, a la propiedad, a la
circulación y de residencia. Se ha violado también el derecho a la justicia que
corresponde a las víctimas, justicia que no se limita a la prontitud con que
debe resolverse un juicio, cosa que tampoco se ha cumplido, si no también a ser
eficaz, para que a partir de ahí se pueda obtener una sentencia justa que
repare integralmente el daño causado y establezca medidas de no repetición.
El derecho a la verdad, que es parte fundamental en
la integración de la justicia, también fue violado por el Gobierno Mexicano, ya
que las causas y los verdaderos responsables de este crimen de lesa humanidad
no han sido reconocidos. A pesar del procesamiento de algunos de los autores
materiales de la masacre y de algunos funcionarios públicos, la investigación
de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en
Chenalhó en cuanto a la autoría intelectual, y la Unidad Especializada para la
Investigación de Presuntos Grupos Civiles Armados, sólo se limitaron al nivel
local y a hechos individuales y aislados, evitando en todo momento reconocer la
existencia de grupos paramilitares y la responsabilidad del Ejército
Marco
nacional e internacional:
§ La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), firmada por México en 1948
§ La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), firmada por México en 1981.
§ La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), ratificado por el Estado mexicano en 1990.
§ Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura (1986) ratificada por México en 1987.
§ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para” (1996) ratificada por México en 1998.
§ La Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
§ La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) firmad por México en 1948.
§ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México en 1981.
§ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por México en 1981.
§ La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006) firmada por México en 2007.
§ Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992).
§ Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 2005).
§ La Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1998).
§ La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1985).
§ Los Principios Relativos a la investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recomendados por la Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 2000 (citados como Principios de las Naciones Unidas relativos a la investigación de la tortura).
